En el vibrante mercado de la cirugía estética en México, un debate legislativo enciende las alertas. Con casos de negligencia médica resonando en los medios y la propuesta del diputado Emmanuel Reyes Carmona para reformar la Ley General de Salud, la cirugía estética se encuentra en una encrucijada entre la ética, la legalidad y la economía. Esta propuesta, que busca regular quién puede realizar estas intervenciones, ha destapado una potencial caja de Pandora: un monopolio en el sector y una significativa evasión de impuestos.

Al centro de la controversia está el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C., que bajo la nueva legislación se convertiría en la única entidad certificadora de cirujanos estéticos. Esta centralización plantea inquietudes sobre un posible monopolio en un mercado que vale millones. Con un estimado de 20 millones de pesos en juego, el impacto económico y social es innegable.

Mientras el foco está en quién puede operar, otro aspecto crucial permanece en las sombras: la evasión de impuestos. La concentración de poder en un único consejo podría facilitar prácticas fiscales opacas, reduciendo la transparencia en un sector ya plagado de desafíos éticos y legales.

La realidad es alarmante: casos de negligencia médica por parte de cirujanos certificados sugieren que la certificación no es sinónimo de competencia. La muerte de pacientes a manos de especialistas certificados resalta la urgente necesidad de una reforma más amplia, que no solo regule quién puede operar, sino también cómo se realiza la certificación y la transparencia en la práctica médica.

Mientras la propuesta legislativa busca proteger a los pacientes, el riesgo de crear un monopolio y la falta de regulación fiscal eficiente plantea un dilema complejo. El debate no es solo sobre quién puede realizar cirugías estéticas, sino cómo se puede asegurar la competencia, la ética y la legalidad en uno de los mercados más lucrativos y delicados de la medicina moderna.