Ciudad de México, 17 de enero de 2024 – En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha simplificado el proceso de admisión de pruebas digitales en los juicios de amparo. La decisión, tomada en el contexto de la Contradicción de criterios 172/2023, establece que los jueces deben aceptar documentos públicos digitalizados sin exigir que los mismos se presenten bajo protesta de decir verdad. Esta medida representa un paso significativo hacia la modernización y eficiencia del sistema judicial mexicano.

El Pleno del máximo tribunal del país, al resolver este conflicto entre Tribunales Colegiados, determinó que la omisión de la declaración de autenticidad en documentos digitalizados no debe provocar la prevención o reposición del procedimiento. Los ministros de la Corte enfatizaron que en ausencia de tal declaración, los documentos digitalizados deben considerarse como copias simples, pero aún así válidos para el juicio.

Esta decisión surge en el marco de la creciente digitalización de los procedimientos legales. Tradicionalmente, la tramitación del juicio de amparo a través de medios electrónicos requería que las pruebas documentales se presentaran con una declaración bajo protesta de decir verdad, asegurando que el documento electrónico es una copia íntegra e inalterada del original impreso. Sin embargo, la Corte reconoció que esta exigencia, más que un mero formalismo, busca responsabilizar a la parte oferente y proporcionar certeza al juez sobre el tipo de documento presentado.

No obstante, la SCJN aclara que el requisito de plena validez de las pruebas digitales debe cumplirse durante la etapa de integración del acervo probatorio. Esto permitirá al juzgador realizar una adecuada valoración al emitir la sentencia, evitando dilaciones en el procedimiento que afectarían la igualdad procesal y los derechos a una justicia pronta y expedita.

Con este fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo adapta el sistema judicial a la era digital, sino que también promueve la eficacia en las resoluciones judiciales, alineándose con las necesidades actuales de la sociedad y el avance tecnológico.