Un juez mexicano ordena preservar documentos clave de la represión estatal, un paso crucial para esclarecer violaciones de derechos humanos entre 1960 y 1990

Ciudad de México, 18 de enero de 2024 – En un fallo histórico, un juez mexicano ha ordenado al Ejército no destruir los archivos relacionados con la ‘Guerra Sucia’, un período de represión estatal que se extendió desde las décadas de 1960 hasta 1990. Este jueves, la organización Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) revelaron que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa otorgó un amparo definitivo que impide a las autoridades «destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar» documentos históricos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los archivos en cuestión son fundamentales para la investigación del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas entre 1965 y 1990, un período marcado por la persecución gubernamental contra disidentes políticos.

Este amparo surge a raíz de la petición de Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, desaparecida en 1978 a manos de la Brigada Blanca, un grupo compuesto por militares, policías y agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad y la entonces Procuraduría General de la República. La resolución judicial es un reconocimiento al derecho de los familiares de desaparecidos de reclamar la apertura de archivos militares y oponerse a su manipulación o destrucción, aspectos claves para reconstruir la verdad y buscar justicia.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó en 2021 la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, el MEH acusó al Ejército de ocultar archivos y obstaculizar la investigación. Las Fuerzas Armadas han sido señaladas por su opacidad y resistencia a rendir cuentas sobre estos eventos oscuros de la historia mexicana, contradiciendo las promesas de transparencia del gobierno actual.

Este fallo judicial representa un avance significativo en la lucha por la verdad y la justicia en México, ofreciendo una nueva esperanza a las víctimas y sus familias en su búsqueda incansable por respuestas y reparación.